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3 feb 2024

Nuevo Alcalde de Guastatoya comienza su gestión violentando derechos constitucionales

´José Elias Herrera
El recién electo alcalde del municipio de Guastatoya,  departamento de El Progreso, José Elías Herrera Guerra ha comenzado su gestión violentando derechos constitucionales de los trabajadores de dicha municipalidad. 

A pesar de tener conocimiento que en la referida comuna hay un grupo de trabajadores que goza del derecho de inamovilidad por la constitución de un Sindicato y tener conocimiento que contra la municipalidad se encuentra vigente un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social, el señor José Elías Herrera Guerra, realiza despidos masivos de empleados desde el domingo 21 de enero a la fecha, despidiendo aproximadamente a unos 300 empleados municipales. 

El nuevo alcalde y su asesor tienen pleno conocimiento que estos actos ilegales y arbitrarios traerán consecuencias en las arcas de la Municipalidad, pues por éstas acciones se impondrá el pago de multas, salarios y prestaciones laborales dejadas de percibir que obligatoriamente tendrán que pagarle a los trabajadores despedidos ilegalmente, pero el dinero para esos pagos no van a salir de los bolsillos del alcalde y su asesor, sino de las arcas municipales y para ello, sin duda alguna, deberán recurrir a "desviar" fondos municipales para realizar los pagos millonarios que se irán acumulando, a menos que desistan de sus acciones ilegales. 

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7 nov 2022

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ, Alcalde de San Juan Ermita, Chiquimula, despidió ilegalmente a trabajadores

Continuando con nuestra serie “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS” seguimos presentando casos de Alcaldes que creen que los municipios son fincas de su propiedad, que los vecinos y trabajadores son sus siervos y por ello abusan del poder, porque se sienten superiores a la Ley y desvían los fondos de las municipalidades para pagar el costo de sus terquedades, al despedir trabajadores en forma ilegal y por lo mismo, NO DEBERÍAN SER REELECTOS. Ahora les traemos el caso del Alcalde de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, el ciudadano MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ quien fue electo por el partido UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) con 4,062 votos y como Síndicos los ciudadanos WALTER RENÉ PAZOS ZACARÍAS y PETRONILA MÉNDEZ LEMUS y como síndico suplente el ciudadano MARCOS MISAEL VILLEDA MORALES.

A pesar que fue llevado a la alcaldía con el respaldo de la UNE, de momento no se tiene claro si MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ es parte de los 200 alcaldes que el gobierno de turno ha copado para asegurarse un millón de votos, a cambio de montos millonarios en obras de infraestructura para cada municipio o no entregarles el finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) si no corren con el oficialismo, tal y como lo ha informado La Hora en ésta nota: https://lahora.gt/nacionales/analucia/2022/08/13/estrategia-de-vamos-copar-200-alcaldes-para-llegar-a-1-millon-de-votos/.

Al igual que en casos anteriores, aunque una de las funciones principales de los síndicos y concejales municipales es la de proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, en el presente caso quien se ha venido prestando al juego de la violación de los derechos de los trabajadores es el síndico WALTER RENÉ PAZOS ZACARÍAS, aunque se tiene claro que el Alcalde MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ es el personero legal de la Municipalidad de San Juan Ermita y el responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales. En todas estas acciones ilegales contra los derechos de los trabajadores, el síndico WALTER RENÉ PAZOS ZACARÍAS está siendo asesorado por el Abogado Gabriel Alejandro Heredia Carranza, quien al 14 de diciembre de 2021  registró pago de honorarios por parte de la Municipalidad de San Juan Ermita, por un monto de Q 120,000 y aunque en Guatecompras su contratación aparece disfrazada por “SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CARGO DE ASESOR JURIDICO EN APOYO INSTITUCIONAL EN LA PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA , MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.”, en la realidad es quien está dando toda la asesoría para la obstaculización de la reinstalación de los trabajadores despedidos ilegalmente.  

A pesar de tener conocimiento de que dentro de la Municipalidad de San Juan Ermita existía un conflicto colectivo de carácter económico social vigente y que por lo tanto no se podía tomar represalias ni despedir a ningún trabajador, el Alcalde MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ sin respetar las prevenciones y apercibimientos, desde el mes de enero de 2020 comenzó a implementar represalias en contra de los trabajadores con traslados arbitrarios y posteriormente, sin contar con autorización judicial comenzó el despido de trabajadores que formaban parte del Sindicato de Trabajadores de dicha municipalidad, si no aceptaban renunciar al Sindicato; para el mes de marzo de dos mil veinte planteó un incidente de terminación de contratos en el Juzgado de Trabajo de Chiquimula, donde pretendía obtener la autorización para terminar los contratos de trabajo de 41 trabajadores municipales afiliados al Sindicato, pero sin esperar a que el Juez dictara su resolución, los despidió a todos los afiliados y Directivos del Sindicato, que hasta la fecha suman 45 trabajadores afectados, quienes ya cuentan con orden de reinstalación ordenada por el Juez de Trabajo del departamento de Chiquimula, confirmada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Chiquimula.

Con una actitud irrespetuosa, soberbia y desafiante, el alcalde municipal junto a su Síndico y Asesor Jurídico, han tenido la descabellada ocurrencia de plantear ante el Juez de Trabajo de Chiquimula, un Incidente de Inconstitucionalidad en Caso Concreto contra los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, argumentando que dichos artículos colisionan con diversas leyes y que el dinero que van a pagar por las multas y los salarios y prestaciones laborales dejadas de percibir afectarán las finanzas de la Municipalidad, con lo cual pretenden evadir su responsabilidad directa en el desvío de esos fondos que serán utilizados para pagar el costo de sus caprichos y acciones ilegales, aparte de los honorarios que siguen pagando al abogado que les asesora en los procesos laborales, pero disfrazando con otro rubro las erogaciones.

Lo que es cierto que ante la negativa a reinstalar a los trabajadores, el Juzgado de Trabajo de Chiquimula está a punto de certificar lo conducente en contra de quienes resulten responsables por la desobediencia a la orden de reinstalación, aparte de las denuncias penales que se avecinan por abuso de poder y discriminación contra sindicalistas, que serán conocidos por la Fiscalía de delitos contra operadores de Justicia y Sindicalistas en la ciudad de Guatemala, donde será investigado el Alcalde MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ para determinar si se le despoja del derecho de antejuicio, así como el Síndico WALTER RENÉ PAZOS ZACARÍAS y todos los integrantes del Concejo Municipal y funcionarios que se hayan prestado para cometer todas estas ilegalidades.

Pero más allá de todos los abusos y arbitrariedades aquí señalados, lo más preocupante para los vecinos del municipio de San Juan Ermita, Chiquimula, es el despilfarro de los recursos municipales que se están utilizando para pagar por todas estas ilegalidades y terquedades del alcalde MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ y sus cómplices, que al día de hoy ya le van costando a la población más de CINCO MILLONES DE QUETZALES que con toda seguridad no se van a pagar con el dinero del Alcalde y su corporación municipal, pues seguro se desviarán los recursos de la Municipalidad para pagar todas estas ilegalidades, recursos que bien podrían invertirse en obras de beneficio para la población.

Todas éstas acciones ilegales y artimañas dejan claro la forma en la que éste gobierno municipal está administrando los recursos de la población y por eso es bueno que todos los vecinos de San Juan Ermita, Chiquimula se cuestionen si vale la pena que este tipo de personas sigan al frente de la Municipalidad. Usted vecino le daría su voto nuevamente? Con todo lo aquí expuesto, queda claro que el Alcalde MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GUTIERREZ es otro de los “ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS”.


No se pierda en nuestra próxima publicación de la serie “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS” el caso del Alcalde del municipio de Palencia, departamento de Guatemala, Guadalupe Alberto Reyes Aguilar.


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16 oct 2022

Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ despide ilegalmente a los trabajadores

Continuando con nuestra serie “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS” seguimos presentando casos de Alcaldes que abusan de la autoridad y el poder que la población les delega, que se sienten superiores a la Ley y que desvían los fondos de las municipalidades para pagar el costo de sus terquedades, al despedir trabajadores en forma ilegal y por lo mismo, NO DEBERÍAN SER REELECTOS. En ésta ocasión, les traemos el caso del Alcalde de Rio Bravo, departamento de Suchitepéquez, el ciudadano JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ quien fue electo por el partido UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) con 3,992 votos y como Síndicos los ciudadanos GILBERTO CANIMAC PENELEU y CARLOS ROLANDO BOLAÑOS FIGUEROA y como síndico suplente la ciudadana SOYLA LUZ DE LA ESPERANZA ARANGO YANEZ, quien actualmente aparece en la planilla municipal como Oficial I de la Secretaría Municipal.

Aunque fue llevado a la alcaldía con el respaldo de la UNE, según el diario la Hora, es parte de los 200 alcaldes que el gobierno de turno ha copado para asegurarse un millón de votos, a cambio de montos millonarios en obras de infraestructura para cada municipio o en caso contrario, la amenaza es no entregarles el finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) si no corren con el oficialismo. https://lahora.gt/nacionales/analucia/2022/08/13/estrategia-de-vamos-copar-200-alcaldes-para-llegar-a-1-millon-de-votos/.

Como lo señalamos en el caso anterior, aunque una de las funciones principales de los síndicos y concejales municipales son la de Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, en el presente caso quien se ha venido prestando en el violación de los derechos de los trabajadores es el síndico CARLOS ROLANDO BOLAÑOS FIGUEROA, pero ya sabemos que al final de cuentas el Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ es el personero legal de la Municipalidad de Rio Bravo y el responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales. En todas éstas acciones ilegales contra los derechos de los trabajadores, ha venido actuando bajo la asesoría inicial del Abogado Jaime Leonel Rodríguez Perelló, pero a raíz del fallecimiento de éste en el mes de enero de 2021,  asumió la asesoría de la municipalidad en el tema laboral hasta la actualidad, el Abogado Cesar Gabriel Loarca Rodríguez.

A pesar de tener conocimiento de que dentro de la Municipalidad de Rio Bravo existía un conflicto colectivo de carácter económico social vigente y que por lo tanto no se podía despedir a ningún trabajador, el Alcalde electo JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ sin respetar las prevenciones y apercibimientos, desde el 17 de febrero de 2020 comenzó a despedir trabajadores sin contar con autorización judicial y hasta la fecha son más de 66 los trabajadores afectados, quienes ya cuentan con orden de reinstalación ordenada por el Juez de Trabajo del departamento de Suchitepéquez, confirmada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. 

Con una actitud irrespetuosa, soberbia y desafiante, el alcalde municipal se ha negado a reinstalar a los trabajadores afectados, argumentando junto a sus asesores que aún tienen recursos pendientes de resolver, porque equivocadamente creen que con haber promovido acciones constitucionales de amparo notoriamente improcedentes y espurias, van a suspender el trámite de las reinstalaciones, aun y cuando en ningún caso se le ha otorgado un amparo provisional. 

Por aparte, dentro de la tramitación del Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social en su momento oportuno se integró el Tribunal de Conciliación y los delegados de la Municipalidad con sus asesores suscribieron y aceptaron dentro del Convenio Colectivo un artículo con el cual se garantiza la estabilidad laboral de todos los trabajadores, pero posteriormente, con el ánimo de dejar sin efecto la negociación aprobada en el Tribunal de Conciliación, en otro acto totalmente ilegal los delegados patronales y su asesor se inventaron una “negociación express de un supuesto pacto colectivo” con un Sindicato fantasma de trabajadores (lo que nunca acreditaron), por lo que el Juez y el Tribunal no tuvo otra opción, más que rechazar todas las artimañas con las que el Alcalde y sus cómplices pretendían levantar el emplazamiento. Pero adicionalmente, con la intención de sorprender al Juez de Trabajo y hacer trampa dentro de los procesos judiciales de reinstalación, en el mes de julio de 2022 el Alcalde municipal y sus cómplices simularon la reinstalación de todos los trabajadores, pero a los pocos días de estar supuestamente reinstalados, a los trabajadores les informaron nuevamente que seguían despedidos, por lo que el Juez de Trabajo de Suchitepéquez, ante la reincidencia y la desobediencia manifiesta de reinstalar a los trabajadores, certificó lo conducente en contra de quien resultara responsable por el delito de desobediencia a la orden de reinstalación, por lo que a la fecha suman ya tres procesos penales que se están diligenciando en la Fiscalía de delitos contra operadores de Justicia y Sindicalistas en la ciudad de Guatemala, donde será investigado el Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ para determinar si se le levanta el derecho de antejuicio, así como el Síndico CARLOS ROLANDO BOLAÑOS FIGUEROA y todos los integrantes del Concejo Municipal y funcionarios que se hayan prestado para cometer todos estas ilegalidades. 

Pero más allá de todos los abusos y arbitrariedades aquí señalados, lo más preocupante para los vecinos del municipio de  Rio Bravo, Suchitepéquez es que todas estas ilegalidades y terquedades del alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ y sus cómplices, al día de hoy ya le van costando a la población más de OCHO MILLONES DE QUETZALES que con toda seguridad no se van a pagar con el dinero del Alcalde y su corporación municipal, porque lo más seguro se desviarán los recursos de la Municipalidad para pagar todas estas ilegalidades, recursos que bien podrían invertirse en obras de beneficio para la población, además que en su consciencia llevan la condena de que seis trabajadores han fallecido en la lucha, dentro del proceso por la defensa de sus derechos laborales. 

Todas las acciones ilegales y trampas de esta gente, evidencian la forma en la que éste gobierno municipal está administrando los recursos de la población y por eso es bueno que todos los vecinos de Rio Bravo, Suchitepéquez se pregunten si vale la pena que este tipo de personas sigan al frente de la Municipalidad. En el próximo proceso electoral, manténganse vigilantes para evitar que les acarreen gente de otros municipios para votar en Rio Bravo.... Y usted vecino de Rio Bravo...le daría su voto nuevamente? Con todo lo aquí expuesto, queda claro que el Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ es otro de “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS”. 


No se pierda en nuestra próxima publicación de la serie “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS” el caso del Alcalde del municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, MIGUEL ANGEL LOPEZ GUTIERREZ. 


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12 oct 2022

Alcalde-Marco-Tulio-Arriaza-despidio-ilegalmente-trabajadores

Iniciamos con ésta primera entrega de 
“ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS”, una serie de publicaciones donde haremos de conocimiento de la población guatemalteca las violaciones a los derechos laborales y los gastos que ocasionan las acciones ilegales de los Alcaldes, que por pagar multas, daños y perjuicios, salarios y demás prestaciones laborales que se dejan de percibir durante los despidos ilegales de trabajadores, serán pagados con recursos de las Municipalidades que son desviados para pagar “asesorías” y los costos de los “errores” o “acciones ilegales” en la administración del recurso humano. 

El código Municipal establece que el Alcalde es quien desempeña la jefatura superior de todo el personal administrativo de la municipalidad y es el responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales, por lo que si en algunos casos los Síndicos aparecen dando la cara en los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, es porque el Código Municipal así lo permite, aunque al final de cuentas, el Alcalde Municipal es el personero legal de la Municipalidad, sin perjuicio de la representación judicial que se le atribuye al síndico.


En ésta ocasión, iniciamos nuestras publicaciones con el caso del Alcalde municipal del municipio de Morazán, departamento de El Progreso, el ciudadano MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA, quien fue electo por el partido UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) con 2,967 votos, como síndicos a los ciudadanos ARMANDO EVARISTO CATALÁN PÉREZ y DAVID CASTRO TISTA y como Síndico suplente el ciudadano CARLOS ENRIQUE ORTEGA GARCIA. Aunque llegó  a la alcaldía con el respaldo de la UNE,  según el diario la Hora, también es parte de los 200 alcaldes que el gobierno de turno ha copado para asegurarse un millón de votos, a cambio de montos millonarios en obras de infraestructura para cada municipio o en caso contrario, la amenaza es no entregarles el finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) si no corren con el oficialismo. https://lahora.gt/nacionales/analucia/2022/08/13/estrategia-de-vamos-copar-200-alcaldes-para-llegar-a-1-millon-de-votos/.. 

Aunque una de las funciones principales de los síndicos y concejales municipales es la de proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, lo cierto es que en el presente caso, quienes han venido actuando en abuso de los derechos de los trabajadores son los síndicos ARMANDO EVARISTO CATALÁN PÉREZ y DAVID CASTRO TISTA, aunque ya sabemos que al final de cuentas, todo es con el aval del Alcalde MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA quien es el personero legal de la Municipalidad y responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales. En todas las acciones ilegales contra los trabajadores, estos han venido actuando con la Asesoría del Abogado Claudio Paholo Alvarez Morales, un Abogado conocidos dentro de expedientes de corrupción en la extinta CICIG, quien de acuerdo al sitio Web www.ojoconmipisto.com es asesor del presidente de la ANAM, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil detuvieron en el año 2018 acusado de sobornar al juez Carlos Orellana para obtener resoluciones favorables, aunque en el año 2021 quedó libre bajo una fianza de Q30 mil. https://www.ojoconmipisto.com/la-anam-paga-q39-mil-mensuales-en-asesoria-legal-para-alcaldes/#:~:text=Otro%20nombre%20conocido%20es%20el,Orellana%20para%20obtener%20resoluciones%20favorables.

En el mes de agosto de dos mil dieciocho, un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Morazán, decidió constituir el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO -SITRAMMDEP-, el cual fue legalmente inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y al mismo tiempo, constituyeron un Comité de Trabajadores para poder negociar un convenio colectivo con la referida municipalidad. 

Después que se dio por agotada la vía directa de conformidad con la Ley, en el mes de septiembre de 2019 se promovió un Conflicto Colectivo de Carácter Económico y Social en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de El Progreso en contra de la Municipalidad de Morazán y fueron legalmente advertidos que no podían terminar ningún contrato sin autorización del Juez de trabajo, ni tomar represalias en contra de los trabajadores.

Sin embargo, desde finales del año dos mil diecinueve la anterior administración comenzó a realizar los primeros despidos ilegales, en contra de trabajadores que estaban organizando el Sindicato, que gozaban del derecho de inamovilidad por ese hecho y porque la Municipalidad de Morazán se encontraba emplazada. La nueva administración siguió con los despidos ilegales que hasta la fecha suman más de sesenta trabajadores ilegalmente despedidos, a quienes se les deberán pagar los salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir desde el despido ilegal hasta la efectiva reinstalación, lo cual se va acercando a la suma de más de SEIS MILLONES DE QUETZALES dinero que por supuesto no saldrá de la billetera de los Síndicos ARMANDO EVARISTO CATALÁN PÉREZ y DAVID CASTRO TISTA, mucho menos del Alcalde MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA, pues todos esos gastos saldrán de las arcas municipales, con lo cual se castigará a la población porque esos fondos ya no serán invertidos en obra, sino que servirán para pagar las ilegalidades cometidas por el Alcalde, los Síndicos y los miembros del Concejo Municipal que están apoyando éstas ilegalidades. En todo caso, si persistiera la desobediencia a reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, el Juez de Trabajo de Guastatoya, departamento de El Progreso, deberá certificar lo conducente a la Fiscalía especial de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas en la ciudad de Guatemala, para que se le instruya proceso penal a todos los responsables por la posible comisión del delito de desobediencia y con ello esperaríamos que se vean truncada las aspiraciones de reelección del Alcalde MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA por la utilización de los recursos municipales para pagar caros los errores o ilegalidades cometidos en la administración del recurso humano y la desobediencia a reinstalar a los trabajadores. Les estaremos informando y actualizando el desarrollo de éste caso.


No se pierda Próximamente en nuestra serie: "ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS" el caso del Alcalde del Municipio de Rio Bravo, Departamento de Suchitepéquez, JUAN FRANCISCO LOPEZ DÍAZ .

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18 feb 2022

Grupo Frito Lay y Alimentos Rene siguen violando los derechos laborales en Guatemala

El pasado cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se cumplieron ya cuatro años del ignominioso acto por medio del cual, los personeros de las Empresas Grupo Frito Lay y Alimentos René despidieron ilegalmente a más de cien trabajadores, a quienes encerraron en salones dentro de la Empresa donde no los dejaron salir y los coaccionaron y amenazaron, hasta que firmaron sus cartas de renuncia, en virtud que se encontraba vigente un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social en contra de las Empresas y no podían despedirlos sin autorización judicial. 

Aunque inicialmente el Juzgado tercero de Trabajo y Previsión Social declaró sin lugar la solicitud de reinstalación de más de 60 trabajadores que decidieron plantear sus denuncias, finalmente la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de trabajo y Previsión Social ordenó la reinstalación de los trabajadores, pues se pudo constatar que las empresas Grupo Frito Lay y Compañía Limitada y Fabrica de Productos Alimenticios René y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones, constituyen una misma unidad económica patronal, aunque dividen las razones sociales para pagar prestaciones y salarios inferiores a los trabajadores de la empresa Grupo Frito Lay y Compañia Limitada. 


Durante estos más de cuatro años de lucha, el Sindicato de Trabajadores de la Fabrica de Productos Alimenticios René y CIA, SCA, afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores -FENATRA- y la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala -CGTG- han venido dándole el acompañamiento y la asesoría a los trabajadores ilegalmente despedidos, para que se haga efectiva su reinstalación en sus puestos de trabajo y el pago de los salarios y demás prestaciones laborales dejados de percibir durante todo el tiempo que ha durado el despido ilegal. En éste arduo camino, han fallecido varios compañeros y compañeras que ya no pudieron ver concretado su sueño de volver a trabajar en éstas empresas donde dejaron parte de su vida, pero eso no nos ha desanimado y seguimos firmes en la lucha. 

Esta reinstalación ordenada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y el Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, se ha venido boicoteando sistemáticamente por parte de los abogados Lionel Francisco Aguilar Salguero y José Federico Zelada Cifuentes, asesores de las empresas denunciadas, quienes en su afán por entorpecer la ejecución de la orden judicial, han planteado acciones constitucionales de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia y en una Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, así como Juicios Ordinarios en distintos Juzgados de Trabajo y Previsión Social, pero esperamos que pronto podamos ver el retorno a sus labores de nuestros compañeros, pues recientemente el Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social ha ordenado que se certifique lo conducente en contra de quien resulte responsable de haber desobedecido la orden judicial, para su respectivo procesamiento penal, sin que ello le exonere de reinstalar a todos los trabajadores y pagarles los salarios y prestaciones laborales que han dejado de percibir durante éstos más de cuatro años de lucha. 

EL PUEBLO UNIDO, JAMAS SERÁ VENCIDO!!!

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Urge Intervención del Transurbano

La Empresa Rutas Metropolitanas de Transporte, Sociedad Anónima es una de las Sociedades que administra la marca "TRANSURBANO" la cual sigue violentando impunemente los derechos de los usuarios y de los trabajadores a su servicio.

A raíz de la llegada de la pandemia, ni lerdos ni perezosos, los funcionarios de la Empresa Rutas Metropolitanas de Transporte, Sociedad Anónima suspendieron los contratos de trabajo de sus empleados, sin haber obtenido la autorización de la Inspección General de Trabajo y hoy, a dos años después de la llegada del coronavirus, ésta empresa sigue manteniendo ilegalmente suspendidos los contratos de trabajo de muchos de los pilotos a su servicio. A los pilotos que prestan servicios en ésta empresa, se les violentan diariamente los derechos laborales al imponerles jornadas de trabajo de 16 horas a cambio de Q 75.00 por día, mientras que a otros los obligan a emitir facturas para poder cobrar sus salarios. Hasta la presente fecha también le adeuda a muchos pilotos el Aguinaldo del año 2020 y del 2021, vacaciones, Bono 14 del año 2020 y del 2021. 

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20 jun 2020

Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios logra importante Amparo Provisional para trabajadores salubristas

El 19 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo y Antejuicio le notificó al Comité Ejecutivo  del "Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala, Ministerio de Salud y Asistencia Social y Trabajadores de Salud de Guatemala" la resolución dictada el 18 de junio de 2020, dentro de la Acción Constitucional de Amparo número 805-2020 por medio de la cual le otorga el Amparo Provisional solicitado por el Sindicato y como consecuencia de ello, le ordena al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que emita las disposiciones ministeriales para garantizar la pronta distribución del Bono de Riesgo aprobado mediante el decreto 20-2020 en beneficio del personal de salud expuesto al COVID-19, sin criterios de discriminación basados en la modalidad de contratación del personal, en un plazo de siete días, bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento si no lo hace dentro de ése plazo, pues el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social insistía en afirmar que ése Bono no era aplicable a los Trabajadores temporales en los renglones 036, 029, 182 y 189 donde hay muchos trabajadores salubristas que están atendiendo directamente la emergencia.
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