Nuevo Alcalde de Guastatoya comienza su gestión violentando derechos constitucionales

El recién electo alcalde del municipio de Guastatoya,  departamento de El Progreso, José Elías Herrera Guerra ha comenzado su gestión violentando derechos constitucionales de los trabajadores de dicha municipalidad. 

A pesar de tener conocimiento que en la referida comuna hay un grupo de trabajadores que goza del derecho de inamovilidad por la constitución de un Sindicato y tener conocimiento que contra la municipalidad se encuentra vigente un Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social, el señor José Elías Herrera Guerra, realiza despidos masivos de empleados desde el domingo 21 de enero a la fecha, despidiendo aproximadamente a unos 300 empleados municipales. 

El nuevo alcalde y su asesor tienen pleno conocimiento que estos actos ilegales y arbitrarios traerán consecuencias en las arcas de la Municipalidad, pues por éstas acciones se impondrá el pago de multas, salarios y prestaciones laborales dejadas de percibir que obligatoriamente tendrán que pagarle a los trabajadores despedidos ilegalmente, pero el dinero para esos pagos no van a salir de los bolsillos del alcalde y su asesor, sino de las arcas municipales y para ello, sin duda alguna, deberán recurrir a "desviar" fondos municipales para realizar los pagos millonarios que se irán acumulando, a menos que desistan de sus acciones ilegales. 

Tanto el alcalde como su Abogado asesor, saben que esos actos ilegales tendrán consecuencias económicas para las arcas municipales, pues aunque el Alcalde asegura que puede despedir trabajadores porque el emplazamiento contra la municipalidad ya no está vigente, el JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, notificó recientemente a las partes que las prevenciones y apercibimientos siguen vigentes y por lo tanto, están legalmente advertidos que no pueden tomar represalias contra los trabajadores, ni impedirles el ejercicio de sus derechos, además que toda terminación de contratos debe ser autorizada previamente por el Juez de Trabajo que conoce el Conflicto Colectivo. 

Es importante hacer del conocimiento de los vecinos de Guastatoya que el Abogado Roberto Galindo
Catalán, quien estuvo fungiendo como Secretario Municipal, también estaba asesorando al Alcalde Municipal en el proceso Judicial y conoce bien de las consecuencias de los despidos ilegales, pues paradójicamente, en el pasado éste abogado asesoro demandas contra la Municipalidad de Guastatoya y ganó reinstalaciones de trabajadores despedidos ilegalmente, por lo que sabe a ciencia cierta que los trabajadores despedidos actualmente serán reinstalados con orden judicial y la Municipalidad será la que pagará las consecuencias de sus acciones ilegales. 

Aunque el nuevo alcalde se jacta de tener influencias en la Inspección General de Trabajo y en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia de El Progreso, tanto los funcionarios de la Inspección General de Trabajo como del Juzgado de Trabajo saben que si se prestan a resolver contrario a derecho, serán denunciados en las instancias correspondientes, pues esta bastante claro que los trabajadores no pueden ser despedidos ni victimas de represalias por ejercer un derecho constitucional. Lo más aconsejable será que el Señor Alcalde tenga claro que NADIE ES SUPERIOR A LA LEY y si hay trabajadores que estén cometiendo faltas laborales, deberá seguir los procedimientos establecidos en la ley para poder destituirlos. Adicionalmente, si en la campaña electoral ofreció plazas de trabajo en la Municipalidad, deberá disculparse con sus seguidores, pues la Municipalidad no es una finca o empresa de su propiedad donde pueda ofrecer empleo a quien quiera, sino una institución púbica donde trabajan personas que tienen derechos protegidos por las leyes del Pais. 

Estaremos a la espera de que se resuelva en el Juzgado una cuestión previa como punto de derecho planteada por la Municipalidad dentro del conflicto colectivo de carácter económico social, pues la misma no tiene ningún fundamento legal y en casos idénticos que se han planteado en otros municipios, se han declarado sin lugar por ser notoriamente improcedentes, por lo que esperamos que el Juez de Trabajo no se deje influenciar, que actúe y resuelva apegado a derecho y no haya necesidad de accionar legalmente de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial. Mientras tanto, seguirá su trámite la denuncia penal que ya se ha planteado en la Fiscalía especial de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, pues más allá de los despidos ilegales y las represalias en contra de los trabajadores, también existen videos en redes sociales y audios en la aplicación Whatsapp donde se lanzan advertencias y hasta amenazas de muerte contra los trabajadores que se organizaron en Sindicato, lo cual es un problema grave que deberá dilucidarse y de ser necesario, que se promuevan las diligencias para levantar el derecho de antejuicio del Alcalde por tan graves hechos que empañan una gestión que podría ser exitosa, si se trabaja de la mano y en armonía con los trabajadores municipales.