Como lo señalamos en el caso anterior, aunque una de las funciones principales de los síndicos y concejales municipales son la de Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, en el presente caso quien se ha venido prestando en el violación de los derechos de los trabajadores es el síndico CARLOS ROLANDO BOLAÑOS FIGUEROA, pero ya sabemos que al final de cuentas el Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ es el personero legal de la Municipalidad de Rio Bravo y el responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales. En todas éstas acciones ilegales contra los derechos de los trabajadores, ha venido actuando bajo la asesoría inicial del Abogado Jaime Leonel Rodríguez Perelló, pero a raíz del fallecimiento de éste en el mes de enero de 2021, asumió la asesoría de la municipalidad en el tema laboral hasta la actualidad, el Abogado Cesar Gabriel Loarca Rodríguez.
A pesar de tener conocimiento de que dentro de la Municipalidad de Rio Bravo existía un conflicto colectivo de carácter económico social vigente y que por lo tanto no se podía despedir a ningún trabajador, el Alcalde electo JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ sin respetar las prevenciones y apercibimientos, desde el 17 de febrero de 2020 comenzó a despedir trabajadores sin contar con autorización judicial y hasta la fecha son más de 66 los trabajadores afectados, quienes ya cuentan con orden de reinstalación ordenada por el Juez de Trabajo del departamento de Suchitepéquez, confirmada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
Con una actitud irrespetuosa, soberbia y desafiante, el alcalde municipal se ha negado a reinstalar a los trabajadores afectados, argumentando junto a sus asesores que aún tienen recursos pendientes de resolver, porque equivocadamente creen que con haber promovido acciones constitucionales de amparo notoriamente improcedentes y espurias, van a suspender el trámite de las reinstalaciones, aun y cuando en ningún caso se le ha otorgado un amparo provisional.
Por aparte, dentro de la tramitación del Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social en su momento oportuno se integró el Tribunal de Conciliación y los delegados de la Municipalidad con sus asesores suscribieron y aceptaron dentro del Convenio Colectivo un artículo con el cual se garantiza la estabilidad laboral de todos los trabajadores, pero posteriormente, con el ánimo de dejar sin efecto la negociación aprobada en el Tribunal de Conciliación, en otro acto totalmente ilegal los delegados patronales y su asesor se inventaron una “negociación express de un supuesto pacto colectivo” con un Sindicato fantasma de trabajadores (lo que nunca acreditaron), por lo que el Juez y el Tribunal no tuvo otra opción, más que rechazar todas las artimañas con las que el Alcalde y sus cómplices pretendían levantar el emplazamiento. Pero adicionalmente, con la intención de sorprender al Juez de Trabajo y hacer trampa dentro de los procesos judiciales de reinstalación, en el mes de julio de 2022 el Alcalde municipal y sus cómplices simularon la reinstalación de todos los trabajadores, pero a los pocos días de estar supuestamente reinstalados, a los trabajadores les informaron nuevamente que seguían despedidos, por lo que el Juez de Trabajo de Suchitepéquez, ante la reincidencia y la desobediencia manifiesta de reinstalar a los trabajadores, certificó lo conducente en contra de quien resultara responsable por el delito de desobediencia a la orden de reinstalación, por lo que a la fecha suman ya tres procesos penales que se están diligenciando en la Fiscalía de delitos contra operadores de Justicia y Sindicalistas en la ciudad de Guatemala, donde será investigado el Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ para determinar si se le levanta el derecho de antejuicio, así como el Síndico CARLOS ROLANDO BOLAÑOS FIGUEROA y todos los integrantes del Concejo Municipal y funcionarios que se hayan prestado para cometer todos estas ilegalidades.
Pero más allá de todos los abusos y arbitrariedades aquí señalados, lo más preocupante para los vecinos del municipio de Rio Bravo, Suchitepéquez es que todas estas ilegalidades y terquedades del alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ y sus cómplices, al día de hoy ya le van costando a la población más de OCHO MILLONES DE QUETZALES que con toda seguridad no se van a pagar con el dinero del Alcalde y su corporación municipal, porque lo más seguro se desviarán los recursos de la Municipalidad para pagar todas estas ilegalidades, recursos que bien podrían invertirse en obras de beneficio para la población, además que en su consciencia llevan la condena de que seis trabajadores han fallecido en la lucha, dentro del proceso por la defensa de sus derechos laborales.
Todas las acciones ilegales y trampas de esta gente, evidencian la forma en la que éste gobierno municipal está administrando los recursos de la población y por eso es bueno que todos los vecinos de Rio Bravo, Suchitepéquez se pregunten si vale la pena que este tipo de personas sigan al frente de la Municipalidad. En el próximo proceso electoral, manténganse vigilantes para evitar que les acarreen gente de otros municipios para votar en Rio Bravo.... Y usted vecino de Rio Bravo...le daría su voto nuevamente? Con todo lo aquí expuesto, queda claro que el Alcalde JUAN FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ es otro de “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS”.
No se pierda en nuestra próxima publicación de la serie “LOS ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS” el caso del Alcalde del municipio de San Juan Ermita, departamento de Chiquimula, MIGUEL ANGEL LOPEZ GUTIERREZ.
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