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Iniciamos con ésta primera entrega de “ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS”, una serie de publicaciones donde haremos de conocimiento de la población guatemalteca las violaciones a los derechos laborales y los gastos que ocasionan las acciones ilegales de los Alcaldes, que por pagar multas, daños y perjuicios, salarios y demás prestaciones laborales que se dejan de percibir durante los despidos ilegales de trabajadores, serán pagados con recursos de las Municipalidades que son desviados para pagar “asesorías” y los costos de los “errores” o “acciones ilegales” en la administración del recurso humano. 

El código Municipal establece que el Alcalde es quien desempeña la jefatura superior de todo el personal administrativo de la municipalidad y es el responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales, por lo que si en algunos casos los Síndicos aparecen dando la cara en los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, es porque el Código Municipal así lo permite, aunque al final de cuentas, el Alcalde Municipal es el personero legal de la Municipalidad, sin perjuicio de la representación judicial que se le atribuye al síndico.

En ésta ocasión, iniciamos nuestras publicaciones con el caso del Alcalde municipal del municipio de Morazán, departamento de El Progreso, el ciudadano MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA, quien fue electo por el partido UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) con 2,967 votos, como síndicos a los ciudadanos ARMANDO EVARISTO CATALÁN PÉREZ y DAVID CASTRO TISTA y como Síndico suplente el ciudadano CARLOS ENRIQUE ORTEGA GARCIA. Aunque llegó  a la alcaldía con el respaldo de la UNE,  según el diario la Hora, también es parte de los 200 alcaldes que el gobierno de turno ha copado para asegurarse un millón de votos, a cambio de montos millonarios en obras de infraestructura para cada municipio o en caso contrario, la amenaza es no entregarles el finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) si no corren con el oficialismo. https://lahora.gt/nacionales/analucia/2022/08/13/estrategia-de-vamos-copar-200-alcaldes-para-llegar-a-1-millon-de-votos/.. 

Aunque una de las funciones principales de los síndicos y concejales municipales es la de proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y dependencias municipales, lo cierto es que en el presente caso, quienes han venido actuando en abuso de los derechos de los trabajadores son los síndicos ARMANDO EVARISTO CATALÁN PÉREZ y DAVID CASTRO TISTA, aunque ya sabemos que al final de cuentas, todo es con el aval del Alcalde MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA quien es el personero legal de la Municipalidad y responsable de nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales. En todas las acciones ilegales contra los trabajadores, estos han venido actuando con la Asesoría del Abogado Claudio Paholo Alvarez Morales, un Abogado conocidos dentro de expedientes de corrupción en la extinta CICIG, quien de acuerdo al sitio Web www.ojoconmipisto.com es asesor del presidente de la ANAM, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil detuvieron en el año 2018 acusado de sobornar al juez Carlos Orellana para obtener resoluciones favorables, aunque en el año 2021 quedó libre bajo una fianza de Q30 mil. https://www.ojoconmipisto.com/la-anam-paga-q39-mil-mensuales-en-asesoria-legal-para-alcaldes/#:~:text=Otro%20nombre%20conocido%20es%20el,Orellana%20para%20obtener%20resoluciones%20favorables.

En el mes de agosto de dos mil dieciocho, un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Morazán, decidió constituir el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAZAN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO -SITRAMMDEP-, el cual fue legalmente inscrito en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y al mismo tiempo, constituyeron un Comité de Trabajadores para poder negociar un convenio colectivo con la referida municipalidad. 

Después que se dio por agotada la vía directa de conformidad con la Ley, en el mes de septiembre de 2019 se promovió un Conflicto Colectivo de Carácter Económico y Social en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de El Progreso en contra de la Municipalidad de Morazán y fueron legalmente advertidos que no podían terminar ningún contrato sin autorización del Juez de trabajo, ni tomar represalias en contra de los trabajadores.

Sin embargo, desde finales del año dos mil diecinueve la anterior administración comenzó a realizar los primeros despidos ilegales, en contra de trabajadores que estaban organizando el Sindicato, que gozaban del derecho de inamovilidad por ese hecho y porque la Municipalidad de Morazán se encontraba emplazada. La nueva administración siguió con los despidos ilegales que hasta la fecha suman más de sesenta trabajadores ilegalmente despedidos, a quienes se les deberán pagar los salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir desde el despido ilegal hasta la efectiva reinstalación, lo cual se va acercando a la suma de más de SEIS MILLONES DE QUETZALES dinero que por supuesto no saldrá de la billetera de los Síndicos ARMANDO EVARISTO CATALÁN PÉREZ y DAVID CASTRO TISTA, mucho menos del Alcalde MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA, pues todos esos gastos saldrán de las arcas municipales, con lo cual se castigará a la población porque esos fondos ya no serán invertidos en obra, sino que servirán para pagar las ilegalidades cometidas por el Alcalde, los Síndicos y los miembros del Concejo Municipal que están apoyando éstas ilegalidades. En todo caso, si persistiera la desobediencia a reinstalar a los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, el Juez de Trabajo de Guastatoya, departamento de El Progreso, deberá certificar lo conducente a la Fiscalía especial de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas en la ciudad de Guatemala, para que se le instruya proceso penal a todos los responsables por la posible comisión del delito de desobediencia y con ello esperaríamos que se vean truncada las aspiraciones de reelección del Alcalde MARCO TULIO ARRIAZA CÓRDOVA por la utilización de los recursos municipales para pagar caros los errores o ilegalidades cometidos en la administración del recurso humano y la desobediencia a reinstalar a los trabajadores. Les estaremos informando y actualizando el desarrollo de éste caso.

No se pierda Próximamente en nuestra serie: "ALCALDES QUE LEGALMENTE NO DEBERÍAN SER REELECTOS" el caso del Alcalde del Municipio de Rio Bravo, Departamento de Suchitepéquez, JUAN FRANCISCO LOPEZ DÍAZ .