Frito Lay y Alimentos René violentan derechos de los trabajadores

El 17 de abril de 2020, los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Fábrica de Productos Alimenticios René y Cia, S. C. A. y demás Empresas Anexas presentaron una denuncia en contra de las entidades FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES y GRUPO FRITO LAY Y COMPAÑÍA LIMITADA, ante el Licenciado Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, por las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras de ambas entidades. 

El Sindicato de Trabajadores de Fábrica de Productos Alimenticios René y Cia, S. C. A. y demás Empresas Anexas es una organización afiliada a la Federación Nacional de Trabajadores -FENATRA- una de las Federaciones afiliadas a la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala -CGTG-y según se expresa en la referida denuncia, éstas empresas por ser fabricantes de productos alimenticios no tienen restricción para seguir operando normalmente dentro del estado de calamidad decretado por el gobierno de la República y en el caso de los trabajadores, por la falta de servicio de transporte público, las Empresas facilitaron un servicio de transporte que cubre ciertas rutas, en las cuales dejan a muchos trabajadores en lugares distantes a sus residencias. 

Indican los denunciantes que a partir que el gobierno impuso el “toque de queda” las Empresas se vieron obligadas a modificar las jornadas de trabajo y estuvieron laborando en una jornada de las 06:00 a las 13:00 horas, lo cual les permitía llegar a tiempo hasta sus hogares, caminando o transportándonos por otros medios desde donde los dejaban los buses, hasta sus residencias. 

Sin embargo, manifiestan los denunciantes que a partir del dieciséis de abril de dos mil veinte, las entidades empleadoras decidieron implementar las jornadas de doce horas diarias (de 06:00 a 18:00 y de 18:00 a 06:00) para que la planta de producción no se detenga en ningún momento, con lo cual están obligando a todos los trabajadores a movilizarse en pleno toque de queda, pues el servicio de bus no los deja en lugares cercanos a sus casas y por eso los están exponiendo a que puedan ser víctimas de asaltos o daños a su integridad física. 

Agregan que esos inconvenientes fueron expuestos ante el departamento de Recursos Humanos de la parte patronal, pero la respuesta que obtuvieron fue que al salir o antes de entrar a la jornada de trabajo, debían portar su uniforme y documento que los identifica como trabajadores de las Empresas, además de una constancia extendida por la empleadora, donde se indica que son trabajadores  y con ello, poderse movilizar sin ningún inconveniente dentro del horario restringido, pero ante el hecho que a muchas trabajadoras el servicio de transporte las deja muy lejos de sus hogares, tienen que solicitar a algún familiar o conocido que lo llegue a traer  o dejar en un vehículo al punto donde los deja el bus, pero ese documento proporcionado por la parte patronal no sirve como salvoconducto para los familiares o conocidos que los llegan a traer o a dejar en horas que están comprendidas dentro del Toque de Queda.

El mismo dieciséis de abril, el Sindicato denunciante solicitó a las Empresas que tomaran en consideración esos inconvenientes que se estaban dando para que se postergara la disposición de modificar las jornadas de trabajo, pero ante la negligencia empresarial se les hizo llegar un documento donde se responsabiliza a la Empresa por los gastos de asesoría legal, excarcelación, multas y otros gastos que se deriven de la necesidad de contratar a tercera persona para el traslado hasta sus hogares, la limpieza de antecedentes policiacos, penales y otras repercusiones legales que ésas personas pudieran tener a consecuencia de ello, así como los daños a la integridad física de los trabajadores.

Sin embargo, por considerar que eso no es ninguna garantía, solicitaron a la Procuraduría de Derechos Humanos que abriera un expediente y emita alguna sanción en contra de las entidades patronales denunciadas, pues esas empresas no conformes con la ventaja que tienen de poder operar sin mayores restricciones, han tomado decisiones administrativas que ponen en riesgo la salud y la integridad de sus trabajadores. 

Según manifiestan los denunciantes, han optado por presentar ésa denuncia ante esa Instancia en virtud que el Gobierno de la República por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social está haciéndose de la vista gorda ante las violaciones que a nivel nacional se dan contra los derechos de los trabajadores y sólo está recibiendo trámites de los empleadores, aparte que los Tribunales de Trabajo y Previsión Social están cerrados, por lo que los trabajadores se encuentran “huérfanos” de la tutela preferente que las leyes otorgan al trabajador. 

Estaremos a la espera de la investigación que pueda abrir la Procuraduría de Derechos Humanos para iniciar la investigación correspondiente.